![\"bloques_newsletter_foto_3248_870\"](\"https:\/\/medina-cuadros.es\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/bloques_newsletter_foto_3248_870.jpg\")
<\/a>El 25 de mayo de 2016 entr\u00f3 en vigor el Reglamento Europeo de Protecci\u00f3n de Datos<\/strong> publicado el d\u00eda 27 de abril de 2016 en el Bolet\u00edn Oficial de la Uni\u00f3n Europea. El art\u00edculo 99 del mencionado texto, establec\u00eda un periodo de adaptaci\u00f3n al mismo de dos a\u00f1os, de manera que el pasado 25 de mayo de 2018 comenz\u00f3 a ser obligatorio. Carmen L\u00f3pez, explica en este art\u00edculo qu\u00e9 supone para los usuarios la aplicaci\u00f3n de esta Norma europea.<\/strong><\/p>\nCon el nuevo\u00a0Reglamento General de Protecci\u00f3n de Datos<\/strong>\u00a0(en adelante RGPD) del Parlamento y del Consejo Europeo se pretende dar\u00a0una respuesta suficiente\u00a0y armonizadora a las legislaciones de los pa\u00edses europeos respecto de la protecci\u00f3n de datos, que tan r\u00e1pido ha evolucionado con la enorme expansi\u00f3n de internet.<\/p>\n A consecuencia de ello, en las \u00faltimas semanas todos hemos recibido muchos emails solicitando que\u00a0prorroguemos\u00a0el permiso que dimos en su d\u00eda a distintas webs para tratar\u00a0nuestros datos o inform\u00e1ndonos del cambio de pol\u00edtica de privacidad.<\/p>\n Una vez m\u00e1s, nos ha pillado el toro, dado que el\u00a0RGPD\u00a0<\/strong>daba un\u00a0plazo de dos a\u00f1os\u00a0para su adaptaci\u00f3n que se ha convertido en\u00a0un mes de emails de id\u00e9ntico contenido recibidos cada d\u00eda.\u00a0Pero la cosa no queda ah\u00ed, dado que se ha pasado por alto en este pa\u00eds que a d\u00eda de hoy, tenemos una\u00a0Ley\u00a0sobre conservaci\u00f3n de datos relativos a comunicaciones electr\u00f3nicas que no es legal seg\u00fan el\u00a0Derecho Europeo.<\/p>\n Esta Ley\u00a025\/2007 de 18 de octubre, de conservaci\u00f3n de datos relativos a las comunicaciones electr\u00f3nicas y a las redes p\u00fablicas de comunicaciones se dict\u00f3 en su momento para trasponer la Directiva 2006\/24\/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo<\/strong>, de 15 de marzo, sobre la conservaci\u00f3n de datos generados o tratados en relaci\u00f3n con la prestaci\u00f3n de servicios de comunicaciones electr\u00f3nicas de acceso p\u00fablico o de redes p\u00fablicas de comunicaciones.<\/p>\n Esta\u00a0Directiva\u00a0estableci\u00f3 que los proveedores de este tipo de comunicaciones deber\u00e1n conservar los datos de tr\u00e1fico y localizaci\u00f3n de las mismas por un periodo determinado, y todo ello con la finalidad de prevenir y detectar delitos, investigarlos y enjuiciarlos, as\u00ed como para preservar la seguridad nacional. Se dict\u00f3 despu\u00e9s de los atentados en\u00a0Madrid el 11 de marzo de 2004 y en Londres el 7 de julio de 2005,<\/strong>\u00a0en los cuales los m\u00f3viles utilizados por los terroristas resultaron ser claves para la investigaci\u00f3n de los mismos.<\/p>\n Aquellos que en su momento tuvieran tarjeta de prepago en el tel\u00e9fono m\u00f3vil, se acordar\u00e1n de que al principio para obtener alguna de estas, no hab\u00eda que proporcionar dato alguno, y que al cambiar la Ley hicieron identificarse a todos los usuarios de este tipo de sistema prepago. Pues ello es consecuencia de esta Directiva y su trasposici\u00f3n al\u00a0ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol mediante la Ley 25\/2007.<\/strong><\/p>\n En virtud de la Directiva y de la Ley mencionadas,<\/strong> los operadores est\u00e1n obligados a conservar los datos generados o tratados en el marco de la prestaci\u00f3n de servicios de comunicaciones electr\u00f3nicas durante 12 meses desde su comunicaci\u00f3n, prorrogables seg\u00fan circunstancias. Debe aclararse que no se conserva el contenido de las comunicaciones en s\u00ed, sino cuestiones como el momento en el que se realizaron, los\u00a0titulares de las terminales desde las que se hicieron,\u00a0o los abonados de los correos electr\u00f3nicos si se trata de emails. Esos datos solamente podr\u00edan ser cedidos previa autorizaci\u00f3n judicial a las autoridades competentes en el seno de una investigaci\u00f3n.<\/p>\n En principio puede parecer que nuestra intimidad queda preservada dado que lo que se registra es lo que rodea a dicha comunicaci\u00f3n, pero no debemos olvidar que la hora en la que se hace la comunicaci\u00f3n, la frecuencia de la misma o la localizaci\u00f3n del terminal desde el que se hace, son datos que una vez cruzados pueden permitir extraer conclusiones muy precisas sobre la vida privada del abonado o usuario que realiza las mismas, y as\u00ed lo viene considerando el TJUE desde hace tiempo.\u00a0Debe se\u00f1alarse que ya en el 2008, el TJUE en la Sentencia de 29 de enero de 2008,\u00a0conocida como Sentencia Promusicae,<\/strong> ya manifest\u00f3 que recabar una direcci\u00f3n IP era un tratamiento de datos personales, dejando claro que los datos asociados a nuestras comunicaciones electr\u00f3nicas ten\u00edan que ser protegidos como tales.<\/p>\n Con una Directiva m\u00e1s bien amplia y que no concretaba el alcance de la retenci\u00f3n de dichos datos, se dict\u00f3 en\u00a0nuestro pa\u00eds la Ley 25\/2007, la cual en 10 art\u00edculos traspuso la mencionada Directiva\u00a0con la misma falta de l\u00edmites, y por lo tanto la misma injerencia en nuestros derechos. La diferencia es que mientras esa Directiva qued\u00f3 anulada con la Sentencia de 2014, nuestra Ley sigue vigente a 2018<\/strong> y sin que parezca que haya intenci\u00f3n de acabar con esta situaci\u00f3n.<\/p>\n Y es que el TJUE invalid\u00f3 Directiva 2006\/24\/CE<\/strong> mediante la Sentencia del TJUE<\/strong> de 8 de abril de 2014, conocida como la\u00a0Sentencia Digital Rights.\u00a0Esta Sentencia determina que la obligaci\u00f3n impuesta a los proveedores de conservar durante un determinado periodo datos relativos a la vida privada de una persona y a sus comunicaciones constituye una injerencia en los derechos de los ciudadanos. Pero es m\u00e1s, el acceso a los mismos por parte de las autoridades competentes supone una injerencia adicional a dichos derechos, por lo que se ver\u00edan doblemente infringidos. Adem\u00e1s, la\u00a0conservaci\u00f3n de los datos y su posterior utilizaci\u00f3n se efect\u00faan\u00a0sin que se haya avisado de ello al abonado o usuario y de manera indiscriminada, lo cual la Sentencia estipula<\/strong> que puede dar sensaci\u00f3n de vigilancia constante, y que en mi opini\u00f3n claramente es lo que se percibe: el Gran Hermano.<\/p>\n Esto quiere decir que, para esta\u00a0Sentencia,\u00a0aunque los datos nunca llegasen a ser cedidos a las autoridades, el mero hecho de su conservaci\u00f3n infringe los art\u00edculos 7 y 8 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales,<\/strong> los cuales versan sobre el respeto de la vida privada y familiar y la protecci\u00f3n de datos de car\u00e1cter personal. Y no debemos olvidar que en virtud del art\u00edculo 52 de esta\u00a0Carta, las limitaciones a los derechos y libertades solamente se pueden producir cuando sean necesarias y respondan a objetivos de inter\u00e9s general.<\/p>\n La Sentencia<\/strong> no pone en duda que en determinadas circunstancias esa recogida de datos es necesaria para que las autoridades puedan investigar un delito o para la preservaci\u00f3n de la seguridad nacional, pero\u00a0el juicio de proporcionalidad obliga a que ese tipo de injerencias sea con l\u00edmites\u00a0y bajo circunstancias determinadas. Puede realizarse por un tiempo determinado, o en una zona geogr\u00e1fica concreta o respecto de un grupo de personas, pero la recogida y almacenamiento ilimitado de este tipo de datos supone una gran injerencia a los mencionados derechos.<\/p>\n Por lo tanto, durante estos cuatro a\u00f1os transcurridos entre la Sentencia Digital Rights<\/strong> y la actualidad se ha podido solicitar la cesi\u00f3n de los datos para delitos como las injurias y calumnias por internet desde perfiles an\u00f3nimos o para delitos contra la propiedad industrial, que si bien no niego que sean diligencias procedentes, se han hecho al amparo de una Ley, la 25\/2007, que traspone una\u00a0Directiva<\/strong> que se considera que atenta contra nuestros derechos y libertades. En esa Ley se especifica la necesidad de previa autorizaci\u00f3n judicial para la cesi\u00f3n a las autoridades de dichos datos, pero ello se hace atendiendo, digamos, a los hechos, sin diferenciar si el delito es o no grave y sin circunscribir dicha autorizaci\u00f3n a casos enumerados o espec\u00edficos.<\/p>\n Aunque con algunas excepciones, la norma general ha sido que los Jueces y Audiencias Provinciales, y hasta el\u00a0Tribunal Supremo,\u00a0han continuado aplicando esta Ley, agarr\u00e1ndose a normativas anteriores que no ten\u00edan en cuenta la bomba que ha supuesto internet en la forma de comunicarnos. No obstante, en 2016 la Audiencia Provincial de Tarragona elev\u00f3 cuesti\u00f3n prejudicial al TJUE<\/strong> en relaci\u00f3n al acceso a los datos de tr\u00e1fico de los tel\u00e9fonos m\u00f3viles para la investigaci\u00f3n de delitos (Asunto C-207\/16), centr\u00e1ndose en el concepto de\u00a0\u201cgravedad de los hechos\u201d\u00a0para considerar si procede o no este tipo de injerencias sobre nuestros derechos.<\/p>\n El Abogado General<\/strong> ha presentado conclusiones recientemente, el 3 de mayo de 2018, analizando dicho concepto de gravedad, por lo que a\u00fan tendremos que esperar para una resoluci\u00f3n al respecto del TJUE. Por su parte, se est\u00e1 tramitando a nivel europeo un nuevo\u00a0Reglamento de Privacidad\u00a0que se supone tendr\u00e1 que dar respuesta a esa Directiva anulada, a la vista de que el\u00a0RGPD\u00a0nada ha apostillado en lo que respecta a este tipo de datos y a su protecci\u00f3n.<\/p>\n Como conclusi\u00f3n,\u00a0en primer lugar,\u00a0mencionar que entiendo que el RGPD,<\/strong> como bien indica su nombre, es general, considero que podr\u00eda haberse incluido alg\u00fan tipo de referencia a los datos generados a consecuencia de las comunicaciones electr\u00f3nicas que solventase aunque fuera m\u00ednimamente la situaci\u00f3n de vac\u00edo generada con la\u00a0anulaci\u00f3n de la Directiva.<\/p>\n En\u00a0segundo lugar,\u00a0lo que queda claro a todas luces que tenemos una Ley que traspone una norma anulada,<\/strong> por lo que esa misma Ley debe ser modificada, dado que de lo contrario estamos manteniendo con vigencia una normativa que a todas luces es contraria a nuestros derechos fundamentales, aunque a la vista de la dejadez mostrada para la\u00a0adaptaci\u00f3n al nuevo RGPD,<\/strong> estando a\u00fan tramit\u00e1ndose la reforma a la Ley Org\u00e1nica de Protecci\u00f3n de Datos\u00a0a pesar de que el RGPD es de 2016, tendremos que esperar a que el Reglamento de Privacidad en el que se est\u00e1 trabajando a nivel europeo entre en vigor… para esperar al \u00faltimo momento a su trasposici\u00f3n. Y esa inobservancia de nuestros derechos fundamentales no hay email solicitando el consentimiento que la\u00a0subsane.<\/strong><\/p>\n Carmen L\u00f3pez Fern\u00e1ndez<\/strong><\/p>\n Abogada del departamento de Civil de Medina Cuadros en Granada<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El 25 de mayo de 2016 entr\u00f3 en vigor el Reglamento Europeo de Protecci\u00f3n de Datos publicado el d\u00eda 27 de abril de 2016 en el Bolet\u00edn Oficial de la Uni\u00f3n Europea. El art\u00edculo 99 del mencionado texto, establec\u00eda un periodo de adaptaci\u00f3n al mismo de dos a\u00f1os, de manera que el pasado 25 de mayo de 2018 comenz\u00f3 a ser obligatorio. Carmen L\u00f3pez, explica en este art\u00edculo qu\u00e9 supone para los usuarios la aplicaci\u00f3n de esta Norma europea. Con el nuevo\u00a0Reglamento General de Protecci\u00f3n de Datos\u00a0(en adelante RGPD) del Parlamento y del Consejo Europeo se pretende dar\u00a0una respuesta suficiente\u00a0y armonizadora a las legislaciones de los pa\u00edses europeos respecto de la protecci\u00f3n de datos, que tan r\u00e1pido ha evolucionado con la enorme expansi\u00f3n de internet. A consecuencia de ello, en las \u00faltimas semanas todos hemos recibido muchos emails solicitando que\u00a0prorroguemos\u00a0el permiso que dimos en su d\u00eda a distintas webs para tratar\u00a0nuestros datos o inform\u00e1ndonos del cambio de pol\u00edtica de privacidad. Una vez m\u00e1s, nos ha pillado el toro, dado que el\u00a0RGPD\u00a0daba un\u00a0plazo de dos a\u00f1os\u00a0para su adaptaci\u00f3n que se ha convertido en\u00a0un mes de emails de id\u00e9ntico contenido recibidos cada d\u00eda.\u00a0Pero la cosa no queda ah\u00ed, dado que se ha pasado por alto en este pa\u00eds que a d\u00eda de hoy, tenemos una\u00a0Ley\u00a0sobre conservaci\u00f3n de datos relativos a comunicaciones electr\u00f3nicas que no es legal seg\u00fan el\u00a0Derecho Europeo. Esta Ley\u00a025\/2007 de 18 de octubre, de conservaci\u00f3n de datos relativos a las comunicaciones electr\u00f3nicas y a las redes p\u00fablicas de comunicaciones se dict\u00f3 en su momento para trasponer la Directiva 2006\/24\/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la conservaci\u00f3n de datos generados o tratados en relaci\u00f3n con la prestaci\u00f3n de servicios de comunicaciones electr\u00f3nicas de acceso p\u00fablico o de redes p\u00fablicas de comunicaciones. Esta\u00a0Directiva\u00a0estableci\u00f3 que los proveedores de este tipo de comunicaciones deber\u00e1n conservar los datos de tr\u00e1fico y localizaci\u00f3n de las mismas por un periodo determinado, y todo ello con la finalidad de prevenir y detectar delitos, investigarlos y enjuiciarlos, as\u00ed como para preservar la seguridad nacional. Se dict\u00f3 despu\u00e9s de los atentados en\u00a0Madrid el 11 de marzo de 2004 y en Londres el 7 de julio de 2005,\u00a0en los cuales los m\u00f3viles utilizados por los terroristas resultaron ser claves para la investigaci\u00f3n de los mismos. Aquellos que en su momento tuvieran tarjeta de prepago en el tel\u00e9fono m\u00f3vil, se acordar\u00e1n de que al principio para obtener alguna de estas, no hab\u00eda que proporcionar dato alguno, y que al cambiar la Ley hicieron identificarse a todos los usuarios de este tipo de sistema prepago. Pues ello es consecuencia de esta Directiva y su trasposici\u00f3n al\u00a0ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol mediante la Ley 25\/2007. En virtud de la Directiva y de la Ley mencionadas, los operadores est\u00e1n obligados a conservar los datos generados o tratados en el marco de la prestaci\u00f3n de servicios de comunicaciones electr\u00f3nicas durante 12 meses desde su comunicaci\u00f3n, prorrogables seg\u00fan circunstancias. Debe aclararse que no se conserva el contenido de las comunicaciones en s\u00ed, sino cuestiones como el momento en el que se realizaron, los\u00a0titulares de las terminales desde las que se hicieron,\u00a0o los abonados de los correos electr\u00f3nicos si se trata de emails. Esos datos solamente podr\u00edan ser cedidos previa autorizaci\u00f3n judicial a las autoridades competentes en el seno de una investigaci\u00f3n. En principio puede parecer que nuestra intimidad queda preservada dado que lo que se registra es lo que rodea a dicha comunicaci\u00f3n, pero no debemos olvidar que la hora en la que se hace la comunicaci\u00f3n, la frecuencia de la misma o la localizaci\u00f3n del terminal desde el que se hace, son datos que una vez cruzados pueden permitir extraer conclusiones muy precisas sobre la vida privada del abonado o usuario que realiza las mismas, y as\u00ed lo viene considerando el TJUE desde hace tiempo.\u00a0Debe se\u00f1alarse que ya en el 2008, el TJUE en la Sentencia de 29 de enero de 2008,\u00a0conocida como Sentencia Promusicae, ya manifest\u00f3 que recabar una direcci\u00f3n IP era un tratamiento de datos personales, dejando claro que los datos asociados a nuestras comunicaciones electr\u00f3nicas ten\u00edan que ser protegidos como tales. Con una Directiva m\u00e1s bien amplia y que no concretaba el alcance de la retenci\u00f3n de dichos datos, se dict\u00f3 en\u00a0nuestro pa\u00eds la Ley 25\/2007, la cual en 10 art\u00edculos traspuso la mencionada Directiva\u00a0con la misma falta de l\u00edmites, y por lo tanto la misma injerencia en nuestros derechos. La diferencia es que mientras esa Directiva qued\u00f3 anulada con la Sentencia de 2014, nuestra Ley sigue vigente a 2018 y sin que parezca que haya intenci\u00f3n de acabar con esta situaci\u00f3n. Y es que el TJUE invalid\u00f3 Directiva 2006\/24\/CE mediante la Sentencia del TJUE de 8 de abril de 2014, conocida como la\u00a0Sentencia Digital Rights.\u00a0Esta Sentencia determina que la obligaci\u00f3n impuesta a los proveedores de conservar durante un determinado periodo datos relativos a la vida privada de una persona y a sus comunicaciones constituye una injerencia en los derechos de los ciudadanos. Pero es m\u00e1s, el acceso a los mismos por parte de las autoridades competentes supone una injerencia adicional a dichos derechos, por lo que se ver\u00edan doblemente infringidos. Adem\u00e1s, la\u00a0conservaci\u00f3n de los datos y su posterior utilizaci\u00f3n se efect\u00faan\u00a0sin que se haya avisado de ello al abonado o usuario y de manera indiscriminada, lo cual la Sentencia estipula que puede dar sensaci\u00f3n de vigilancia constante, y que en mi opini\u00f3n claramente es lo que se percibe: el Gran Hermano. Esto quiere decir que, para esta\u00a0Sentencia,\u00a0aunque los datos nunca llegasen a ser cedidos a las autoridades, el mero hecho de su conservaci\u00f3n infringe los art\u00edculos 7 y 8 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, los cuales versan sobre el respeto de la vida privada y familiar y la protecci\u00f3n de datos de car\u00e1cter personal. 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